El sector de seguridad privada solicita que se reconsidere la decisión adoptada por la Junta de Andalucía para la vigilancia de las playas

En el día de ayer, la Junta de Andalucía ha anunciado la puesta en marcha de un plan de vigilancia de las playas de la Comunidad Autónoma, consistente en la contratación de 3000 desempleados destinados al apoyo a las policías locales de los municipios costeros en el cumplimiento de las medidas de control de aforo y distanciamiento social en estos espacios.

Desde el inicio de la pandemia, tal y como ha señalado el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, sobre la base de la formación adquirida tanto con el carácter previo a su habilitación administrativa como durante su desempeño profesional, han realizado una labor encomiable en la garantía del control de aforos y distanciamiento social en espacios semipublicos como supermercados o redes de infraestructura de transporte.

Unas funciones expresamente asignadas por la normativa en vigor para la garantía del distanciamiento social en espacios abiertos al publico tras el inicio de la fase 2 ,como en los centros comerciales. Unas actuaciones desempeñadas, todas ellas, desde el carácter complementario y especialmente colaborador de la seguridad publica que establece la Ley de Seguridad Privada,reforzado si cabe, durante la vigencia del estado de alarma.

En este sentido,resulta sorprendente que, frente a la opción de contar con profesionales de la seguridad privada, con una formación y desempeño profesional habilitados por la policía, sujeto a un Convenio Colectivo Estatal garante de unas condiciones de empleo pactadas por los agentes sociales, capacitados para la prevención de infracciones administrativas y con la protección jurídica que les garantiza la ley, la Junta de Andalucía, haya optado por un formula que, muy difícilmente puede conducir a análogos niveles de garantía para los ciudadanos. Mas aun,cuando la ley de seguridad privada regula con todo detalle los requisitos de autorización y prestación de servicios en los espacios públicos,siempre llevados a cabo con carácter subsidiario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Formulas llevadas a acabo exitosamente  en diversos espacios en los últimos años y especialmente adecuadas para llevarse a acabo en las playas andaluzas.

La opción por la que parece haber optado la Junta de Andalucía impide, por otra parte, el acceso al mercado de trabajo de los profesionales de la seguridad privada habilitados que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo en Andalucía pero, lo que es mas relevante, incide en la propia confiabilidad del sector turístico de Andalucía , que se hubiera reforzado adicionalmente por la posibilidad de contar en las playas con servicios de seguridad privada de calidad acreditadas en otros entornos, sobre la base de los medios técnicos complementarios y garantía de cobertura de un servicio de seguridad privada prestado por una empresa autorizada por el Ministerio del Interior.

En este sentido, tanto FeSMC-UGT Andalucía como APROSER Andalucía solicitan la reconsideración urgente de la medida propuesta y, en la linea de lo manifestado en las ultimas semanas, a pesar de no haber sido atendido hasta el momento, reiteran su ofrecimiento para compartir su conocimiento para poner en marcha una solución alternativa en la prestación de los servicios en las playas andaluzas.


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