Ombuds inicia el proceso que pondrá fin a su actividad en el sector de la seguridad privada en España

En reunión mantenida hoy en Madrid con representantes sindicales, el administrador concursal inicia el procedimiento de liquidación definitiva de la empresa abriendo el plazo para la constitución de una mesa que abordará según lo estipulado legalmente el proceso de extinción.

En el mes de agosto de 2019, la mercantil Ombuds presentó concurso poniendo en riesgo la continuidad laboral de 8.000 trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

Desde el inicio, tanto UGT como CCOO pusieron en el centro del debate a las personas, encaminando su acción sindical hacia la necesidad de que las trabajadoras y trabajadores no dejaran de percibir el abono de sus nóminas durante un proceso concursal que, como todos los que se producen, son complicados y dilatados en el tiempo. Ombuds ha venido abonando las nóminas garantizando en la reunión de hoy seguir en esa dirección como mínimo hasta el mes de abril de 2020.

Otro de los puntos a tratar con celeridad era que los trabajadores y trabajadoras no vieran como se eterniza el cobro sobre lo adeudado por parte de FOGASA, situación que en estos momentos se está empezando a regular.

Traspaso de servicios

El traspaso de servicios de clientes privados se ha venido desarrollando por vía natural y con seguridad, en estas fechas, se va a seguir realizando. Los clientes privados pueden resolver sus contratos con mayor agilidad que la Administración pública y ello conlleva a que en la actualidad un número importante de trabajadores y trabajadoras de Ombuds han encontrado el mantenimiento del empleo en otras empresas gracias a la cláusula de subrogación dispuesta en el convenio estatal de seguridad privada.

En relación a los contratos públicos, como ya anticiparon UGT y CCOO al inicio del conflicto, no disponen de una agilidad en cuanto a dejar sin efecto los mismos. Pese a las tentativas realizadas desde otros ámbitos sindicales e incluso ante convocatorias de huelga los contratos de la administración siguen vigentes y esta acción sindical no ha sido capaz de dar una respuesta de empleo a los trabajadores y trabajadoras afectados.

Más empresas podrían verse afectadas

Esta situación se agrava al observar que los servicios de seguridad dependientes de la Administración fueron adjudicados a bajo precio, unido a la sentencia del Tribunal Supremo donde las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo de las deudas contraídas por Ombuds en materia tributaria y de seguridad social avalada por la Abogacía del Estado, imponiendo elementos que, como ya avanzábamos desde los sindicatos, introducen factores negativos para el concurso de empresas en este tipo de servicios de seguridad, situación que se ha producido en el colectivo de prisiones y que pudiera extenderse en empresas como Metro de Madrid, Correos, EMT y algún otro servicio contratado con la Administración pública.

Tanto UGT como CCOO van a seguir poniendo en el centro del debate a las personas, tanto en el abono de las nóminas como en el mantenimiento de la empleabilidad de todo el personal posible que actualmente presta sus servicios en Ombuds y Ombuds Servicios cifrado en, aproximadamente, 2.000 trabajadores y trabajadoras en el territorio nacional. Para ello, se han solicitado sendas reuniones con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Empleo, así como con las direcciones de los principales clientes de Ombuds en las administraciones públicas cuyo objetivo es la empleabilidad.

Una vez más, destacar que la situación de Ombuds y de tantas otras empresas de seguridad privada durante los últimos años deja al descubierto una situación fallida en el sector de la seguridad privada en España, donde han prevalecido las adjudicaciones a bajo precio, con la complicidad de usuarios, administraciones, empresas y el propio Gobierno, golpeando la empleabilidad y buscando la consolidación de un modelo de sector caracterizado por el incremento de empresas orientadas en las malas prácticas sociales, laborales y de propia calidad de los servicios ofertados. Esta situación merece una revisión del propio modelo de seguridad privada en nuestro país.